La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) notificó a diversos agentes económicos al encontrar evidencias de su probable colusión para fijar precios y segmentar rutas en el mercado del servicio de autotransporte terrestre de pasajeros. Las regiones donde se detectaron esas prácticas son: Centro, Centro-Sur, Sur-Sureste y en Tamaulipas.
El servicio de autotransporte terrestre facilita la conectividad e impacta positivamente en el desarrollo económico de otras actividades productivas, como es el turismo. De acuerdo con el Estudio de competencia en el autotransporte federal de pasajeros —que publicó Cofece en 2019— este medio movilizó a 96% de los pasajeros en el país.
De hecho, entre las barreras económicas de este tipo de transporte destacan las terminales de autobuses. En el estudio, el órgano antimonopolios señala que las terminales y los autobuses “representan para el transportista un costo de inversión inicial alto con baja rentabilidad y limitadas opciones de uso alternativo, particularmente las terminales de mayor tamaño”.
Debido a estas características, los nuevos competidores ven limitada su entrada a este mercado. Principalmente, la nueva competencia de pequeña escala no alcanza a recuperar su inversión rápidamente, señaló el organismo.
Además, Cofece explicó que las colusiones —definidas en la ley federal de competencia económica (LFCE) como prácticas monopólicas absolutas— son acuerdos entre competidores en los que no se compite por la preferencia de los consumidores.
En cambio, los agentes económicos que las realizan pactan para manipular precios, restringir o limitar la oferta o la demanda. También, se dividen los mercados y acuerdan posturas en licitaciones. Así, intercambian información para su beneficio.
Con este emplazamiento, 18 empresas y 31 personas físicas que se señalan por su probable responsabilidad en las conductas monopólicas referidas, podrán ofrecer pruebas para su defensa.
Una vez que presenten sus pruebas y los alegatos correspondientes, el Pleno de la Cofece resolverá conforme a derecho, indicó el organismo en un comunicado.
De acuerdo con la LFCE, las prácticas monopólicas absolutas pueden ser multadas hasta con 10% de los ingresos de los agentes económicos sancionados. Adicionalmente, las personas físicas que las cometieron pueden enfrentar un procedimiento penal que conlleva sanciones de entre cinco y 10 años de prisión.
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