Mientras te disponías a disfrutar del fin de semana, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) publicó el viernes por la tarde en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto para reformar la ley federal de telecomunicaciones. Con ello, empieza el proceso para la creación del Padrón Nacional de Usuarios de Telefonía Móvil. Pero todavía hay tres alternativas para que este decreto no se lleve a cabo.
Aunque AMLO quería desaparecer hace apenas unos meses al Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), ahora dispuso que este órgano sea el encargado de llevar el registro de varias bases de datos para cumplir con ese padrón.
Sin embargo, varios especialistas de telecomunicaciones señalan que los defectos de este sistema son superiores a sus beneficios. Principalmente, porque se vulnera el derecho a la privacidad.
“Con el padrón, los legisladores atropellaron varios derechos fundamentales como la privacidad, la protección de datos y el acceso a las TIC (tecnologías de información y comunicación). Y por eso mismo va a encontrar dificultades para implementarse”, dijo Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
Aunque ya salió en el DOF, no todo está perdido en cuanto a protección de los datos de los ciudadanos. La preocupación de analistas, empresas y organizaciones no es menor, pues el padrón quiere aglutinar:
Pero aún hay, al menos, tres opciones antes de que los ciudadanos se amparen contra este padrón por su cuenta:
De hecho, senadores de distintos grupos parlamentarios se han pronunciado en contra de este padrón y pueden promover una acción de inconstitucionalidad.
El Instituto Nacional para la Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), que también AMLO insistió en desaparecer, se pronunció en contra de este padrón. Este organismo destacó “un riesgo potencial” por el manejo de los datos biométricos en manos de varias personas.
“Como sociedad podríamos solicitar al INAI que interponga una acción de inconstitucionalidad en contra de esta reforma”, explicó Michel Hernández, abogado especialista en telecomunicaciones.
También, este organismo puede promover una acción de inconstitucionalidad contra el padrón. Por el momento, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México emitió este lunes una alerta sobre las implicaciones de este padrón.
Destacó que “no existe un nexo causal entre el registro de información y la reducción del delito que justifique la medida, sino que además se está poniendo en riesgo la democratización de la telefonía para las poblaciones más aisladas”.
Además, organizaciones como 5G Americas, GSMA, la Asociación de Internet MX, la Cámara Nacional de la Industria Electrónica, de Telecomunicaciones y Tecnologías de la Información (Canieti) y otras señalan que este tipo de registros no contribuyan a disminuir delitos.
“No existe evidencia, ni nacional ni internacional, de que este tipo de registros influya en la reducción del delito. La creación del Padrón no contribuye a reducir los niveles de inseguridad. Ningún delincuente usará una línea previamente registrada a su nombre o de algún familiar o conocido para cometer un ilícito”, destacaron los organismos en una carta.
Aunque no es una medida nueva, sorprende que el mismo legislador que se opuso a este registro de usuarios de telefonía móvil hace nueve años, sea el mismo que propuso de regreso este modelo. Se trata del senador Ricardo Monreal, quien entonces criticó ese registro porque los datos de los ciudadanos estaban en manos del crimen organizado:
Ante la formalización del padrón y los diferentes defectos que representa, algunos abogados han lanzado formatos de amparo. Aunque es un recurso, las personas necesitarán cierta asesoría, pues los juzgados especializados en telecomunicaciones se encuentran en la Ciudad de México, consideró Hernández.
En tanto, el IFT señaló una serie de riesgos y retos del padrón que comienzan con el alcance de este registro, pues implica al menos 122 millones de líneas. Además, la infraestructura y personal que requiere la puesta en marcha del registro tiene un costo estimado de 109.8 millones de pesos (mdp) solo para el primer año de operación. Sus costos anuales subsecuentes serían de 88.5 mpd, según cálculos del IFT.
Ante la publicación del decreto, AT&T dijo por escrito a Expertos en Línea que ha trabajado «como industria con el gobierno en algunas actividades para combatir las llamadas de extorsión y consideramos que hay otros mecanismos más efectivos y menos complejos de implementar para combatirlas; así como creemos que la tecnología brinda herramientas valiosas para hacerlo». La empresa revisa las implicaciones del padrón.
Por su parte, Telefónica y Telcel no tuvieron comentarios que compartir sobre el padrón al cierre de esta nota.
Expertos en Línea buscó al senador Ricardo Monreal para saber porqué su cambio de parecer sobre este registro, del que estuvo en contra hace unos años. Al cierre de esta nota no estuvo inmediatamente disponible.
AHORA LEE: América Móvil, de Carlos Slim, impugnará las nuevas medidas que debe cumplir como preponderante en telecomunicaciones
TAMBIÉN LEE: Televisa tiene poder sustancial en TV de paga tras la compra de clientes de Axtel, dice el Instituto Federal de Telecomunicaciones