Una startup busca acabar con la sextorsión y la violencia digital
- La vulneración de derechos en internet afecta de forma especial a las mujeres y para combatirlo, Pía Mazuela ha creado la legaltech Women’s Digital Rights.
- La fundadora y CEO explicó que la idea ya llevaba un tiempo rondándole la cabeza, pero en el confinamiento se decidió.
- Hay tres líneas de actuación: la eliminación del contenido de la web, la formación y divulgación sobre esta problemática en centros educativos y el acompañamiento psicológico y jurídico de la clienta si decide denunciar.
Los derechos de la mujer son vulnerados continuamente, tanto en la vida real como en la virtual: desde insultos hasta sextorsión, la publicación de fotos sin el consentimiento de la persona que sale en ellas.
Esto último se ha multiplicado en el confinamiento: las “pornovenganzas” o sextorsión —la publicación en internet de imágenes sexuales explícitas sin autorización de quienes las protagonizan— subieron un 88% en los 9 primeros meses del 2020 en comparación con el año anterior.
Para hacer frente al problema, nace Women’s Digital Rights, una legaltech que tiene el propósito de buscar y desarrollar soluciones tecnológicas en este sentido y acabar con la sextorsión y violencia a la que se enfrentan las mujeres de forma constante.
“No hemos sabido gestionar el anonimato. Somos animales de tribu y nos han dejado anónimos y entonces, de repente, se ha convertido en una jungla”, explicó en declaraciones a Business Insider España la fundadora y CEO de la compañía, Pía Mazuela.
Las periodistas sufren más violencia y ataques
En esa jungla, como lo denominó la CEO, las más afectadas son las periodistas, que se enfrentan a comentarios despectivos constantemente.
Un estudio publicado en enero de este año revela que 73% de ellas sufre este tipo de violencia y que los ataques son muy variados: amenazas de abusos sexuales, violencia física, insultos, mensajes privados de acosadores, etc.
A las periodistas se unen todas las mujeres “profesionales”, explicó Mazuela, sobre todo aquellas que trabajan en un campo tradicionalmente considerado masculino, como las programadoras o las gamers.
Cada vez que una mujer se aparta, pierde su voz online
Mazuela también explicó que hay veces que hay publicaciones que no violan ningún derecho, pero sí son incómodas y manchan la reputación de la clienta.
Estas acciones hacen que muchas mujeres decidan apartarse y dejar de interactuar online, lo que tiene como consecuencia la pérdida de su voz en estos canales.
La compañía no solo buscará y retirará las vulneraciones de redes sociales, sino que su campo de actuación se extiende a la web. La CEO explicó que no podrán actuar es en servicios de mensajería, como WhatsApp y Telegram.
Una legaltech que nació en la pandemia
El proyecto contra la sextorsión ya llevaba un tiempo rondándole la cabeza a Mazuela, contó, pero que no fue hasta la paralización económica por el Covid-19 cuando se decidió a dar un paso adelante.
La CEO ya contaba con experiencia previa como emprendedora, aunque en el ámbito de la cultura: cofundó la compañía de distribución de artes escénicas contemporáneas Agente129 y la cooperativa SMartIb.
Ahora, esa idea se ha concretado en una legaltech que tiene tres líneas de actuación
La primera está relacionada con la tecnología: encontrar y eliminar el contenido ofensivo para la clienta. Para este paso, Women’s Digital Rights contratará los servicios de RepScan, una compañía española especializada en el borrado de contenido de internet.
“Las pruebas en internet son muy difíciles, muy volátiles. Ahora está la página, pero mañana ya no”, defendió, por lo que tienen el compromiso de eliminar el contenido lo más rápido posible.
Una segunda línea será la formación y divulgación en colegios y empresas, ya que los más jóvenes “son el futuro” y Mazuela cree que es por ahí donde hay que empezar.
De hecho, la CEO llamó la atención en que si hace unos años se estudiaba la vulneración de los derechos de la mujer en internet a partir de los 15 años, ahora se contabiliza a partir de los 12.
“Los niños de 11 años ya están considerados usuarios de internet, a veces tan activos como sus padres”, incidió.
La tercera está relacionada con el acompañamiento psicológico y jurídico para aquellas que quieran denunciar la vulneración.
Mazuela explicó que las leyes aún no están preparadas para hacer frente a esta realidad, aunque se haya avanzado
“La policía está recibiendo más y más denuncias y no saben muy bien cómo gestionarlo porque no están preparados. Esa es una de las cosas que a nosotros nos gustaría empujar, ayudar a aquellos que están en pro de los cambios legislativos», contó, y añadió que con los datos que tengan, apoyarán los avances.
En cuanto a la financiación, Women’s Digital Rights se fundó con fondos propios aunque Mazuela no detalló su cantidad, y espera obtener financiación por tres vías distintas: de sus clientas, de inversores privados y de ayudas públicas.
Asimismo, detalló que pretenden ayudar a las mujeres que no se pueden pagar sus servicios mediante la donación de paquetes a instituciones públicas especializadas en la mujer, que se encargarán de repartirlos y seleccionar a las candidatas que necesiten sus servicios.
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