Andy Harding dirige un pequeño taller de reparación electrónica desde hace ocho años, Salem Techsperts, en Massachusetts. Tiene un negocio estable arreglando teléfonos para universitarios y enfermeras de un hospital cercano.
Sin embargo, poco después del lanzamiento del iPhone 13 en septiembre de 2021, Harding notó un pequeño cambio en el software de Apple. Mismo que pensó que podría acabar con su pequeña tienda para siempre.
Una de las reparaciones más frecuentes que hace Harding —y de sus mayores fuentes de ingresos— es arreglar las pantallas. Pero Apple añadió una nueva función al último modelo que detectaba cuándo se cambiaba la pantalla, incluyendo las reparaciones. Con esto, desactivaba la función Face ID. El cambio asustó a los propietarios de muchos talleres de reparación, incluido Harding.
«La gente paga un buen dinero por un teléfono con Face ID, y quieren que funcione. Las pantallas de iPhone rotas son la reparación número uno para tiendas como la mía. No podría sobrevivir sin esa parte del negocio», comenta Harding
Finalmente, Apple lanzó una actualización de software que permitía que Face ID funcionara después de reparar la pantalla. No obstante, el teléfono sigue avisando a los usuarios de que la pantalla no es auténtica, salvo que la cambien con un proveedor oficial. Pero, ¿por qué se mete Apple en dónde reparas tu teléfono? Si pagas por él, eres el dueño, y deberías poder arreglarlo como quieras.
La compañía no es la única que impone restricciones a productos que la gente ya ha comprado. A medida que aumenta el número de dispositivos que funcionan con software, los fabricantes ejercen un mayor control sobre sus productos; esto, incluso después de que el cliente se los haya llevado a casa.
En algunos casos, las empresas fuerzan al cliente a utilizar sus servicios de reparación, inutilizando el producto si intentan arreglarlo ellos mismos. En otros casos, exigen a la gente que pague una suscripción para acceder a las funciones básicas de los productos.
El software moderno permite a los fabricantes atar a los usuarios para siempre. Las empresas están empezando a monetizar este control, gracias a métodos distópicos y falta de regulación. Pero los consumidores y los responsables políticos tienen maneras de oponerse a este intento empresarial de redefinir lo que significa «poseer» un producto.
Imagina el comienzo de un hipotético lunes de verano. Pones enciendes tu cafetera a distancia. Esta cuesta 7 dólares al mes por la aplicación para programarla y otros 27 por la entrega periódica de cápsulas compatibles. En lo que prende, haces ejercicio en la bicicleta estática que te cuesta 33 dólares mensuales por el acceso a las clases.
Cuando estés listo para ir a la oficina, el termostato inteligente bajará automáticamente el aire acondicionado cuyo costo es de 12 dólares mensuales. Y a esto se añaden los 23 dólares al mes de la aplicación en tu teléfono para arrancar el coche.
¿Y si quieres arreglar algo de eso? Mejor no lo intenten por su cuenta. Tendrás que acudir al fabricante incluso para una pequeña revisión.
Aunque esto pueda parecer exagerado, la explosión de los servicios de suscripción para productos de consumo está acercando la realidad a esta hipótesis. Se espera que el mercado mundial de suscripciones de comercio electrónico aumente de 67,000 millones de dólares (mdd) en 2021 a 836,000 mdd en 2026.
Además del auge de la comida a domicilio y los servicios de streaming, en muchos casos las empresas supeditan el acceso a lo que compraron. Si no hay suscripción, lo que tienes es un ladrillo ocupando espacio.
Para las empresas, el atractivo de las suscripciones es bastante evidente. Un flujo constante de ingresos y mucho más dinero recaudado de sus clientes a lo largo del tiempo.
Aunque el desarrollo y mantenimiento de software tiene sus propios costos, los gastos generales son mucho menores que los de la fabricación de hardware. Además, ofrecen a las empresas más oportunidades de hacer una venta adicional, lo que implica enormes márgenes de beneficio.
Las empresas utilizan una serie de tácticas para mantener a los clientes enganchados después de haber comprado un producto. Una de ellas es utilizar sensores técnicos para impedir cambios no autorizados en el producto.
En el sector agrario, por ejemplo, vehículos como tractores y cosechadoras suelen requerir herramientas especiales que los fabricantes ofrecen exclusivamente a distribuidores autorizados. Junto con sistemas informáticos muy técnicos, esto hace casi imposible que los agricultores arreglen sus propios vehículos.
Mi organización, Public Interest Research Group o PIRG, calculó que en Estados Unidos, estos límites a la reparación cuestan a los agricultores 4,200 mdd adicionales cada año. De ellos 1,200 mdd van a parar a los concesionarios locales autorizados; los 3,000 mdd restantes se pierden por el tiempo de inactividad de los equipos.
Del mismo modo, el software de Tesla puede detectar y restringir características de los propietarios de coches que no sean equipos de la empresa, como enganches de remolque (mientras que los propios enganches de Tesla están agotados).
Hay empresas que han intentado impedir que los consumidores accedan a determinadas funciones a menos que paguen antes. Las automovilísticas han tomado la delantera en esta tendencia.
Mercedes-Benz y BMW fueron noticia por cobrar a los usuarios cuotas mensuales por una mejor aceleración y el uso de asientos calefactados, respectivamente.
Ya compraste la calefacción de los asientos (y el coche de lujo que la contiene), pero ¿ahora tienes que pagar por el derecho a encenderla? Las marcas de impresoras han utilizado tácticas similares para conseguir que la gente se suscriba a abonos que controlan a distancia los niveles de tinta. Estas mismas pueden apagar tu máquina si no pagas. Es como tener que pagar una cuota mensual a quien construye una casa para que funcionen los interruptores de la luz.
Por último, los fabricantes utilizan la conectividad a internet para supervisar y controlar lo que haces. Si detectan que hiciste algo que no les gusta (por ejemplo, calentar el asiento con calefacción), pueden quitarte o desactivar otras funciones.
Tesla tiene quejas de revocar a distancia la capacidad de carga, la compatibilidad con la carga rápida y otras cuestiones. Los consumidores tienen miedo de hacer algo que desagrade a los fabricantes, sabiendo que pueden ser castigados.
Se podría pensar que debería haber una ley contra las políticas que hacen que la gente «compre» y «alquile» cosas a la vez. Pero las leyes no protegen al consumidor, ya que permiten a los fabricantes controlar lo que se puede y lo que no se puede hacer.
Por ejemplo, leyes de derechos de autor demasiado permisivas, en manos de fabricantes aprovechados, pueden convertir en delito de derechos de autor saltarse los sistemas técnicos para manipular o reparar tu propio dispositivo.
La Ley de Derechos de Autor para el Milenio Digital (DMCA, por sus siglas en inglés) pretendía impedir la piratería de música, juegos o películas. Pero los fabricantes han argumentado que la DMCA se aplica al software o firmware necesario para reparar o hacer funcionar una pieza de hardware. Esta amplísima definición de la propiedad intelectual se ha aprovechado para impedir la reparación independiente y ha redefinido la relación de los usuarios y los bienes que compran.
Según esta interpretación, si el fabricante instala una medida de protección digital en los asientos calefactados, saltársela podría considerarse piratería. Si te resulta confuso, es porque es ridículo.
Los fabricantes también redactan densos acuerdos que contienen lenguaje para impedir que los clientes manipulen el producto. La mayoría de la gente se ha topado con largos documentos de «Condiciones de uso» repletos de jerga legal que se extienden por páginas y páginas. En muchos casos, la gente se limita a marcar «aceptar» sin apenas saber lo que están firmando.
Una encuesta realizada en 2017 por Deloitte a 2,000 consumidores reveló que 91% aceptaba los términos y condiciones sin leerlos.
Pero dentro de estos densos documentos hay normas que impiden a la gente arreglar sus productos o permiten a la empresa recuperar la propiedad si no aprueban el uso que hacen los clientes. Ignorar estos términos y condiciones socava los derechos básicos del consumidor.
Creo en la verdad de la publicidad. Si vas a venderle algo a alguien, véndeselo. Si vas a alquilar algo a alguien, alquílalo. Considera que si condicionas sus futuras compras a un «acuerdo» secreto que has incorporado a la tecnología y que desconocen, estás engañando.
Además, el principio de «si está roto, arréglalo» tiene otras ventajas. Reparar enseña habilidades críticas, ahorra dinero, ayuda a reducir los residuos y la obsolescencia de los productos. El retoque y la reparación también conducen a innovaciones de productos que pueden beneficiar a todos.
Respecto a la actitud de las marcas sobre la propiedad, hay alternativas para protegerla. La primera es la legislación sobre el derecho a reparar, por cuya aprobación he trabajado en varios estados de Estados Unidos en los últimos 5 años.
El derecho a reparar exige a los fabricantes que pongan a disposición de los consumidores, en condiciones justas, las piezas, herramientas e información necesarias para llevar a cabo las reparaciones. También establece que esas piezas y herramientas no pueden requerir autenticación remota para ser operativas, lo que significa que ya no habrá que pedir permiso para realizar reparaciones.
En lo que va de 2023, 28 estados han considerado legislar de alguna forma sobre el derecho a reparar, y el Congreso ha celebrado múltiples audiencias sobre el tema. Ya se han aprobado leyes en Massachusetts, Colorado y Nueva York, y no hemos hecho más que empezar.
Otro paso es aclarar que la reparación no es un delito contra los derechos de autor. La Ley de Libertad para Reparar, presentada el año pasado, concedería una exención amplia y permanente a las actividades de reparación en virtud de la ley de derechos de autor. Además de aprobar nuevas leyes, hay que hacer cumplir las que ya están en vigor.
Se supone que es una violación de las leyes antimonopolio crear un acuerdo de «vinculación» que obligue a alguien que compra un producto a comprar otros productos o servicios. Cualquiera que tenga una impresora y haya intentado encontrar tinta más barata sabe que esto no se aplica de forma efectiva.
La Comisión Federal de Comercio y el Departamento de Justicia de Estados Unidos deben tomar medidas enérgicas contra el software integrado que obliga a los propietarios de productos a pagar cuotas mensuales por utilizar hardware de su propiedad.
Los reguladores también deberían tomar medidas enérgicas contra las cláusulas legales tóxicas incluidas en los contratos de licencia de uso, del mismo modo que prohibieron ciertas cláusulas contrarias al consumidor en los contratos de uso de tarjetas de crédito.
En la era digital, necesitamos nuevas protecciones para los consumidores que reflejen nuestra condición de propietarios de productos. Necesitamos poder reparar cosas sin miedo a represalias. No deberían obligarnos a renunciar a nuestros derechos cuando compramos algo. Tenemos que acabar con la vigilancia continua de nuestro comportamiento por parte de un fabricante lejano que puede aprobar o rechazar las decisiones que tomamos con los productos que compramos.
Hasta entonces, nosotros, como Andy Harding, de Salem Techsperts, esperamos nerviosos a ver qué perderemos cuando la última «innovación» llegue al mercado.
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